La nueva política francesa de inmigración

Renovar la política de inmigración es una de las prioridades del Gobierno francés. Esta política, fundada sobre nuevos instrumentos, comprende principalmente tres facetas: controlar los flujos migratorios, promover una inmigración escogida, integrar a los emigrantes.

1- Las nuevas orientaciones de la política francesa de inmigración:

1-1 Objetivos y método:

Dentro del marco de una mundialización que no cesa, controlar el acceso a nuestro territorio es una prioridad. Ello supone una actuación enérgica para impedir desde el origen las entradas fraudulentas, sin perder de vista que Francia debe seguir siendo atractiva para las personas que sí deseamos que vengan a estudiar o a trabajar en nuestro país.

La política francesa de extranjería persigue, pues, dos objetivos complementarios: conseguir un mejor control de los flujos migratorios y obtener una adecuación mejor de la inmigración regular a las necesidades reales de nuestro país, al tiempo que favorecemos la integración de los nuevos emigrantes.

Esta busca de un nuevo equilibrio es el meollo de la ley de extranjería (Loi sur l’immigration et l’intégration: PLII). Aprobado por el comité interministerial de control de la inmigración el 9 de febrero de 2006 y, después, por el Consejo de Ministros del 29 de marzo siguiente, este proyecto de ley, responsabilidad del ministro del Interior y Ordenación Territorial, en cuya preparación ha participado el departamento, fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 30 de junio. El Consejo Constitucional ha juzgado que la ley es conforme con la Constitución (dictamen del 20 de julio de 2006). El presidente de la República Francesa la promulgó el 24 de julio de 2006.

La política francesa da preferencia a un método: tratar el fenómeno migratorio dentro de su globalidad y dentro del marco de una alianza con los principales países de tránsito y origen, que implica una mayor movilización de Europa.

Una reforma profunda de nuestra política de integración constituye un aspecto complementario de la actuación gubernamental.

Al hilo de las orientaciones fijadas por el presidente de la República en su discurso sobre el pacto republicano pronunciado en Troyes el 14 de octubre de 2002, se han realizado esfuerzos considerables para redefinir la integración fundada sobre el contrato y la construcción de un itinerario de integración.

1-2 instrumentos de apoyo habilitados para esta política:

Con el fin de destacar la prioridad que constituye para el Gobierno la política de extranjería, sus orientaciones son ahora fijadas por el Comité Interministerial de Control de la Inmigración (CICI), creado por decreto el 26 de mayo de 2005, presidido por el primer ministro o, por delegación, por el ministro del Interior, y que se compone de ocho ministros, miembros de pleno derecho, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores.

Además de este comité, ha sido creado un servicio público de acogida por ley de 18 de enero de 2005: la Agencia Nacional de Acogida de los Extranjeros y de las Migraciones (ANAEM) que trabaja con el contrato de acogida e integración, por el que se propone a los emigrantes recién llegados un contrato recíproco, civil y social, que los une a la República.

Junto al Comité Interministerial de Integración (CII), el Alto Consejo de Integración (HCI por sus siglas en francés), establecido en octubre de 2002 y la Alta Autoridad de lucha contra las discriminaciones y por la igualdad (HALDE, idem) establecida en junio de 2005, constituyen también los principales instrumentos de asesoramiento y proposición a disposición del Estado.

2- Francia está dispuesta a luchar contra una emigración impuesta y mal controlada:

Francia quiere recobrar el control de los flujos migratorios sobre su territorio. Se han obtenido ya progresos sensibles en este campo desde que entró en vigor la ley de 26 de noviembre de 2003, centrada en la lucha contra la inmigración ilegal.

En otro aspecto, ya que se trata de un derecho y no de algo que decide cada uno, el asilo ha sido objeto de una reforma emprendida con la ley de 10 de diciembre de 2003. Sus efectos benéficos se traducen en una sensible disminución, observada ya en 2004 y confirmada en 2005 y 2006, de los plazos de examen y recurso de las demandas de asilo, que han pasado de 23 meses a 8 por término medio. El objetivo de la ley, que está a punto de ser alcanzado, consiste en acabar con la manipulación del derecho de asilo con fines migratorios y devolverle su pleno sentido de protección de las personas perseguidas.

El gobierno pretende mantener sus esfuerzos en este sentido, actuando a la vez con firmeza y con responsabilidad. Este espíritu de equilibrio es el que guió al Comité interministerial de control de la inmigración el 5 de diciembre de 2006 al decidir nuevas medidas para reforzar el control de la inmigración: extensión de la biometría en los visados en 2007 y 2008, desarrollo de la lucha contra el trabajo ilegal de los extranjeros indocumentados, decisión de hacer permanente el nuevo dispositivo de ayuda al regreso voluntario creado en septiembre de 2005 a título experimental, adopción de un “plan nacional de lucha contra los fraudes de identidad”...

2-1 enfrentar con mayor eficacia una inmigración no controlada:

Las autoridades francesas quieren actuar con firmeza para hacer respetar el derecho, evitar que los procedimientos sean desviados y verificar la voluntad de integración de los extranjeros.

Los enlaces matrimoniales en el extranjero se han convertido en la primera fuente de inmigración legal en Francia.

Casarse con un francés da derecho a un permiso de estancia y a adquirir la nacionalidad francesa. El fraude matrimonial y, por consiguiente, en lo relativo a la nacionalidad francesa, constituye también un elemento de presión migratoria por medio de los matrimonios de complacencia y los matrimonios forzados, cuando uno de los contrayentes es privado de su libertad de elección. Los 90 000 matrimonios de franceses con extranjeros registrados en 2005, la mitad de los cuales se celebraron en Francia y la otra en el extranjero, no son todos debidos, por supuesto, a una intención fraudulenta, pero es un fenómeno que va en aumento.

El gobierno pretende reforzar los medios de control y respetar al mismo tiempo el derecho a casarse.

La ley 2006-399 de 4 de abril de 2006, por la que se refuerza la prevención y la represión de la violencia doméstica, presentada por el ministro de Justicia, ha fortalecido los instrumentos de control en manos de las autoridades judiciales francesas dentro del marco de la inscripción en el registro civil francés de los matrimonios contraídos en el extranjero.

Una modificación de las condiciones para obtener un permiso de estancia y la nacionalidad francesa para los cónyuges de franceses figura también en la ley “inmigración e integración”. Se trata concretamente, para luchar contra los matrimonios de complacencia, de que el permiso de residencia de diez años solamente sea concedido al cónyuge de francés al cabo de tres años de la boda, en lugar de dos, a condición de que dicho cónyuge manifieste su integración en la sociedad francesa y demuestre, concretamente, un conocimiento suficiente de la lengua francesa. Asimismo, el plazo de comunidad de vida que permite que el cónyuge extranjero de un francés adquiera la nacionalidad por declaración pasa de dos a cuatro años; o a cinco si no ha residido de modo regular y continuo en Francia durante al menos tres años.

Por último, la ley de 14 de noviembre de 2006 relativa al control de la validez de los matrimonios prevé procedimientos nuevos para oponerse a los enlaces cuyo único fin sería permitir que un extranjero casado con un francés se instale en Francia: audiencia común o por separado de los futuros esposos por el funcionario del registro civil y, cuando la celebración corre a cargo de una autoridad extranjera, expedición previa por el cónsul de Francia de un “certificado de aptitud al matrimonio”.

El agrupamiento familiar es hoy por hoy la segunda fuente de inmigración legal después del matrimonio. Es un derecho que garantizan la Constitución y las convenciones internacionales, que de ninguna manera será puesto en entredicho, pero que debe definirse mejor. La ley de extranjería pretende enmarcar mejor el derecho a la agrupación familiar. El extranjero no puede ya solicitar que su familia se reúna con él más que tras haber pasado, de modo regular, en Francia, dieciocho meses, en lugar de un año. Sus ingresos, que deben elevarse por lo menos al sueldo mínimo, deben provenir de su trabajo y no de subsidios. Además, debe demostrar que cumple los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República.

La disposición que permite que el extranjero que lleve diez años en situación irregular obtenga automáticamente un permiso de estancia queda suprimida, pero la ley dispone ahora que los prefectos puedan efectuar regularizaciones caso por caso por motivos humanitarios o excepcionales. La ley prevé una “Comisión Nacional de Admisión excepcional a la estancia” encargada de dictaminar sobre las solicitudes de admisión excepcional que presenten los extranjeros que demuestren residir en Francia habitualmente desde hace más de diez años.

2-2 reforzar la lucha contra la inmigración clandestina:

La inmigración clandestina, que comprende esencialmente el paso irregular por la frontera y, en menor medida, que se queden en nuestro territorio personas que han entrado regularmente con o sin visado, da origen a numerosos tráficos y padecimientos: la lucha contra este azote debe ser determinada.

Para remediar la inmigración clandestina, deben utilizarse varios instrumentos a la vez:

La ley impone ahora que el « visado para una estancia superior a tres meses », es decir, el visado de estancia larga, sea requisito necesario para establecerse en Francia y obtener el permiso de estancia. Dicho visado largo es ahora obligatorio para todo cónyuge de francés, para los hijos extranjeros de los franceses y para la ascendencia a cargo de un francés o de su cónyuge.

El aumento del número de devoluciones a la frontera de los clandestinos constituye asimismo uno de dichos instrumentos. A este respecto, la ley de 26 de noviembre de 2003 ha alargado el plazo de retención administrativa de 12 a 32 días como máximo (plazo que todavía es uno de los más cortos en Europa) y han sido impuestos a los prefectos objetivos anuales de devoluciones a la frontera y, así, han podido duplicarse, en tres años, el número de medidas de alejamiento ejecutadas, pasando de 10 000 en 2002 a 20 000 en 2005. El objetivo de 23 000 devoluciones en 2006 ha sido fijado por el ministro del Interior y Ordenación Territorial. La capacidad de retención administrativa destinada al alejamiento, inferior a 1 000 plazas a finales de 2004, llegará a 3 000 plazas a finales de 2008.

Por otra parte, se han iniciado gestiones diplomáticas muy firmes respecto a los países poco cooperativos en materia de expedición de los salvoconductos consulares que son indispensables para devolver a sus ciudadanos a la frontera.

La lucha contra el fraude constituye otra vertiente de esta política. La introducción de la biometría se presenta como un medio eficaz para reforzar los controles en los consulados y en las fronteras. Una prueba, que se integra dentro del marco europeo, fue iniciada con éxito en 2005 con el nombre de BIODEV. Para tomar en cuenta la urgencia de disponer, al fin y a la postre, de un sistema seguro de rastreabilidad en las fronteras, el ministro de Asuntos Exteriores ha decidido que se generalizaría al conjunto de las embajadas y consulados antes de 2008. El dispositivo de visados biométricos facilita la identificación y, por ende, la devolución a la frontera, de los emigrantes clandestinos que se quedan en el territorio francés una vez caducado su visado de estancia corta o larga.

Por último, el nuevo dispositivo de ayuda al regreso voluntario, que funciona desde el verano de 2005, cobra mayor potencia. El CICI lo acaba de declarar permanente, el 5 de diciembre de 2006.

3- Promover una inmigración escogida y una integración lograda controlando los flujos:

3-1 escoger la inmigración:

La inmigración sigue sin tener hoy por hoy ninguna relación con las capacidades de Francia y sus necesidades económicas. La emigración por motivos profesionales, que representa apenas el 7% de los flujos, está disminuyendo claramente. Esta situación, no regulada, no es favorable ni para la economía francesa ni para el desarrollo de los países de origen. Para remediarlo, el Gobierno desea promover una inmigración escogida, abierta a trabajadores cualificados, a personas con talento, a los estudiantes que necesita nuestro país.

La nueva ley de extranjería pretende plantear los fundamentos de esta política:

La expedición y la renovación de los permisos de estancia de los estudiantes extranjeros son facilitadas si su proyecto de estudios ha sido validado en su país de origen antes de irse. La creación de los Centros para Estudiar en Francia (CEF), plataforma de servicios para acercar la expedición del visado de estudiante de su matriculación previa en un centro de enseñanza superior francés, es uno de los medios que se ponen al servicio de los estudiantes que, dentro de un contexto de competencia internacional, hayan escogido nuestro país.

Los jóvenes titulados extranjeros que obtengan un postgrado en nuestro país podrán completar su formación con una primera experiencia profesional en Francia con la perspectiva de volver a su país de origen. Esta experiencia profesional debe contribuir tanto al desarrollo económico de Francia como al del país del que sea nacional el extranjero.

La regla que supedita el ingreso de un trabajador extranjero a la autorización de la administración del trabajo se ha hecho más flexible. Para los oficios y zonas geográficas caracterizados por dificultades de contratación, el extranjero obtendrá un permiso de estancia temporal sin que se tome en cuenta la situación del empleo.

La creación de un permiso de estancia « competencias y talentos », que dura tres años, facilitará que vengan a nuestro país extranjeros cuya personalidad y proyecto constituyen bazas para el desarrollo y la proyección de Francia y de su país de origen. El extranjero deberá también participar, mientras sea válido este permiso, en una acción de cooperación o de inversión económica definida por Francia con su país.

Ahora bien, este permiso « competencias y talentos » solamente será concedido al nacional de un país que pertenezca a la zona de solidaridad prioritaria si Francia ha concluido con dicho país un acuerdo de cooperación para el co-desarrollo, o en caso de que el extranjero se haya comprometido a regresar a su país de origen al finalizar un período máximo de seis años.

Los criterios de expedición del permiso « competencias y talentos » serán determinados por una “Comisión nacional de competencias y talentos”.

3-2 reforzar las políticas de integración:

La integración de los emigrantes en la sociedad francesa, que todavía es insuficiente, constituye el otro aspecto de esta nueva política de extranjería.

Numerosos emigrantes no gozan de las condiciones que permitirían su integración: un empleo, una vivienda, un conocimiento suficiente de la lengua francesa. Estas son las condiciones necesarias, que deben ser reforzadas con una voluntad de integración, un compromiso personal del emigrante de respetar los principios de la República que lo acoge.

Reforzar las políticas de integración, corolario del esfuerzo realizado en el ámbito del control de la emigración, pasa por cierto número de medidas de la ley de extranjería: el “contrato de acogida e integración” generalizado al conjunto de los recién llegados a finales del primer semestre de 2006, cobra carácter obligatorio y el hecho de respetarlo es uno de los criterios para renovar el derecho de estancia en Francia. Los consulados informarán a los extranjeros sobre el sentido y los compromisos del contrato.

Los emigrantes admitidos por primera vez en Francia que deseen quedarse reciben, dentro del marco de este contrato, una formación cívica y, en su caso, lingüística. Con ocasión de la primera renovación de su permiso de estancia, se tomará en cuenta si respetan las estipulaciones del contrato de acogida e integración. Antes de obtener un permiso de residencia de diez años, el extranjero deberá cumplir una condición de integración fundada sobre tres elementos: el compromiso personal de respetar los principios que rigen la República Francesa, el respeto efectivo de dichos principios y un conocimiento suficiente de la lengua francesa verificado con un nuevo diploma: el “diploma inicial de lengua francesa” o “DILF”. La formación cívica comporta una presentación de las instituciones francesas y de los valores de la República, concretamente la igualdad entre el hombre y la mujer y el laicismo.

(Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores - Dirección de los Franceses en el Extranjero y de los Extranjeros en Francia, Subdirección de asilo e inmigración. Actualizado el 4 de enero de 2007)

Modificado el 31/01/2007

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