67ª Asamblea General de Naciones Unidas – Reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho - Intervención del ministro delegado encargado de Desarrollo, Pascal Canfin [fr]

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Nueva York, 24 de septiembre 2012

67ª Asamblea General de Naciones Unidas – Reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho - Intervención del ministro delegado encargado de Desarrollo, Pascal Canfin - Nueva York, 24 de septiembre de 2012

"Señor Secretario General,

Sus Excelencias, señoras y señores,

Celebro la iniciativa de la Asamblea General consistente en organizar esta primera reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho. Una reunión que, tal y como subraya la Declaración solemne que adoptamos hoy, afecta «al conjunto de individuos, instituciones y entes públicos y privados, incluido el propio Estado», una reunión que habrá permitido demostrar el consenso internacional en los aspectos fundamentales:

El derecho de todos los ciudadanos a la misma protección ante la ley, sin discriminación alguna;

Y la responsabilidad del Estado y de sus gobernantes, que deben rendir cuentas a sus pueblos.

En nombre de Francia, querría mencionar tres cuestiones clave para nuestro debate:

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Primera cuestión, la importancia del marco normativo internacional.

Desde 1945, los Estados han puesto en marcha un corpus de normas internacionales excepcional. Los Convenios de Ginebra son instrumentos universales, los dos Pactos, la Convención sobre el Genocidio, las Convenciones de Naciones Unidas contra la tortura, la discriminación hacia la mujer y por la protección de los derechos del niño, son un marco de referencia para los Gobiernos y la sociedad civil, para los tribunales y los parlamentos, para los jefes de Estado y los simples ciudadanos.

Todo el interés de esta jornada radica en movilizarnos para reforzar el marco normativo y su aplicación.

Todavía hay sectores enteros de actividad carentes de toda seguridad jurídica. El Derecho Internacional sigue presentando lagunas ante al pillaje de recursos naturales, por ejemplo, o el tráfico de fauna silvestre.

El Secretario General ha propuesto un programa de actuación para completar y aplicar mejor el Derecho Internacional. Francia se lo agradece. Francia rinde homenaje a su compromiso personal, y también celebramos la manera en la que los órganos de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, se han movilizado estos últimos meses para hacer que se aplique el Derecho y para responder a las aspiraciones democráticas de los ciudadanos libios y del martirizado pueblo sirio. Naciones Unidas debe seguir ocupando el centro del dispositivo de promoción del estado de derecho. Apoyaremos al vicesecretario general Eliasson en su papel de coordinador del sistema a este respecto.

Por su parte, habida cuenta de las recomendaciones de la Secretaría, Francia ha iniciado una reflexión sobre la posibilidad de ratificar algunos Protocolos y retirar reservas o declaraciones interpretativas. Junto a Argentina, Francia ha promovido el más reciente de los instrumentos internacionales, la Convención sobre la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, y Francia se compromete hoy a promover la universalidad de dicho instrumento. Entre las prioridades de política exterior del nuevo Gobierno francés, también hemos incluido la lucha contra la violencia y la discriminación cometida por razones de orientación sexual o de identidad de género. También hemos incluido la abolición de la pena de muerte, lanzando una campaña mundial por la abolición universal.

Segunda cuestión, el lugar del Estado de Derecho en la agenda del desarrollo.

El Secretario General ha puesto en marcha un Panel de alto nivel que le hará recomendaciones sobre el marco de desarrollo después de 2015. No se trata de juzgar prematuramente una reflexión que está teniendo lugar, pero no es posible que dicha reflexión no tenga en cuenta la dimensión Estado de Derecho. Las estrategias nacionales o internacionales a favor del desarrollo deben basarse necesariamente en un marco normativo estable y respetuoso de los derechos de todos. La construcción del Estado, una seguridad jurídica propicia para los intercambios y la capacidad de cada uno de participar en los procesos de toma de decisiones, son condiciones imprescindibles para el desarrollo. Es, también, el sentido de la Primavera Árabe. Resultaba por lo tanto importante que nuestra Declaración estableciera esta relación entre Estado de Derecho y desarrollo.

Nuestra Declaración, gracias a los esfuerzos de los cofacilitadores mexicano y danés, refleja las convergencias entre el Estado de Derecho, la prestación justa de servicios públicos básicos y el desarrollo.

En sus proyectos bilaterales, Francia comprueba que se respeten los principios del Estado de Derecho: derechos humanos, independencia de la Justicia, acceso a la Justicia para todos. Privilegiar estos aspectos fundamentales no significa sin embargo imponer o ceñirse a un modelo único. Hay que casar las normas comunes y la diversidad de las experiencias nacionales; tener en cuenta la pluralidad de las fuentes del derecho, como hacemos en Afganistán y en el proyecto «Casa del Derecho» en Senegal. Implicamos también a todos los agentes, sociedad civil, parlamentarios, universitarios, periodistas. Proponemos respuestas adaptadas a las realidades locales, por ejemplo en el ámbito del suelo. Construir el Estado de Derecho, en concreto, significa hacer que el usuario, el contribuyente, el justiciable sea capaz de pedir cuentas a los agentes públicos. Esta toma del poder por parte del ciudadano, esta responsabilidad, es la condición para la transparencia, la lucha contra la corrupción y, al final, para un desarrollo sostenible. Francia apoya la actuación de las ONG a este respecto, entre ellas la coalición «Publiquen lo que pagan».

Tercera cuestión, derivada de todo lo anterior, la responsabilidad penal de los que niegan los aspectos fundamentales del Estado de Derecho y atacan a los ciudadanos a los que deberían servir.

Esta organización entró hace algunos años en una era que el Secretario General llamó «la era de la responsabilidad». Es la era del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002, la era de la responsabilidad de proteger, proclamada en 2005 en la Declaración del Milenio. La lucha contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos no es sólo una obligación moral y jurídica. Es también una nueva forma de abordar los conflictos, rechazando cualquier legitimidad a los autores de genocidios, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.

Como conclusión, querría recordarles los seis compromisos que ha tomado Francia con motivo de la Conferencia: promover la Convención sobre las desapariciones forzadas, apoyar a la CPI, trabajar en el derecho a la verdad, poner en marcha planes de actuación contra el racismo y el antisemitismo y contra las discriminaciones basadas en la orientación sexual y el género; hacer campaña por la abolición de la pena de muerte; implicarse en el respeto y la promoción del derecho humanitario internacional en cualquier circunstancia. Es un programa ambicioso, sobre el que estamos dispuestos, por nuestra parte, a rendir cuentas en futuros debates de la Asamblea.

Gracias."

Modificado el 27/09/2012

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